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Proyecto de Ley sobre Depuración Normativa está a un paso de sanción presidencial



Proyecto de Ley sobre Depuración Normativa está a un paso de sanción presidencial | EL FRENTE
El Proyecto de Ley 169 de 2018 –de Depuración Normativa- quedó listo para sanción presidencial luego de ser aprobado el informe de conciliación en la Cámara de Representantes. La depuración normativa apunta a eliminar disposiciones de un amplio paquete legislativo de los últimos 150 años en Colombia. Extenderá su radio de acción a las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, como un referente en la modernización de los entes locales y regionales.

Dicha iniciativa adopta la figura de la depuración normativa a través de la derogatoria y la declaratoria de pérdida de vigencia de 10.667 normas obsoletas, contrarias al régimen constitucional y afectadas con el fenómeno de la derogatoria tácita de un grupo de leyes y decretos con fuerza de ley que hoy no tienen aplicabilidad.

El senador Eduardo Enríquez Maya, autor de la iniciativa, destacó el respaldo de los congresistas a esta propuesta e indicó que “es la más importante del último siglo en Colombia por su impacto jurídico, es un paso adelante, en el ejercicio de la transparencia”.

Dicha iniciativa busca dar cumplimiento a la estrategia de fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, dirigida a simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídico colombiano mediante la expulsión definitiva de normas obsoletas, de acuerdo con el régimen constitucional vigente.

Desde 2014 el Ministerio de Justicia venía desarrollando el proceso de identificación de las normas para analizarlas y clasificarlas, teniendo en cuenta las causales de eliminación. Luego, las remitió a los 24 sectores de la administración pública, los cuales tomaron las decisiones finales con el aval de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Universidad del Rosario.

El estudio arrojó que 15.772 normas (10.686 leyes, 1.355 decretos leyes y 3.731 decretos legislativos) eran potencialmente depurables, y se propuso eliminar 11.819. “Con esta iniciativa el Gobierno Nacional espera eliminar normas vigentes desde el siglo 19, como la Ley 56 de 1878, por la cual se ordena educar por cuenta de la Nación a los hijos del señor Cecilio Torres; o la Ley 62 de 1887, en cuyo artículo 4º se prevé la prohibición de la importación de chinos para cualquier trabajo en el territorio colombiano”, explicó senador Enríquez Maya.

Gracias a este proyecto de ley Colombia se pondrá a tono con países como Francia, donde recientemente se llevó a cabo un proceso de depuración normativa; Argentina, donde tenían más de 32.000 leyes y luego del ‘Digesto Jurídico’ dejaron solo el 10%; y Perú, donde se derogó el 34,7% de las normas.

La cartera de Justicia busca fortalecer el sistema normativo del país para ofrecer un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos, especialmente en temas de protección de los Derechos Humanos. “Todos los ciudadanos se verán beneficiados con esta iniciativa, pues la seguridad jurídica es supremamente importante. Este barrido nos permitirá tener un acervo normativo para no perdernos en esas casi 12.000 normas que causan caos. Quedaremos con las que realmente nos rigen”, explicó el senador.

Para Juanita López Patrón, Viceministra de Promoción de la Justicia, la aprobación de esta ley constituye un hito en la historia de la República, ya que racionaliza el sistema normativo del país.

“Ayuda a dar mayor claridad a las reglas aplicables para que sean conocidas no solo por la población y las autoridades, sino para que sean apropiadas, generen una cultura que fomente el rechazo generalizado hacia la ilegalidad y ayuden a construir de manera permanente una convivencia pacífica y sólida”, indicó la alta funcionaria.

Cabe anotar que este proyecto de ley tuvo como coutores, además del Ministerio de Justicia y del Derecho, a los senadores Andrés García Zuccardi, Roosvelt Rodríguez, Eduardo Enríquez Maya, Miguel Ángel Pinto y Carlos Baena, y que se construyó con base en la metodología creada en conjunto con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y de la mano de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional.

“El gran beneficio: la simplificación del ordenamiento jurídico y la generación de seguridad jurídica en las relaciones del Estado y los particulares, posibilitando su cumplimiento y el rechazo hacia la cultura de la ilegalidad, lo que permitirá la construcción de un mejor escenario para el desarrollo económico”, puntualizó el senador nariñense.

De la lista hacen parte 1.558 normas sobre obras, contratos, adjudicaciones y transporte; 2.165 sobre créditos, gastos y temas presupuestales; 603 referentes a asuntos administrativos y organizacionales del Estado; 845 sobre comercio, agricultura, industria y ambiente; y 1.084 relacionadas con lo laboral y la seguridad social.

También hay 120 sobre educación y justicia; 1.460 sobre disposiciones y asuntos de técnica normativa; 1237 referentes a subsidios, auxilios y reconocimientos; 764 sobre relaciones internacionales, orden público y defensa; y 120 relacionadas con impuestos, tarifas y temas financieros.
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Publicacion: Martes 9 de Julio de 2019 


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