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Opinión - Editorial


El enorme compromiso político del Congreso con la JEP



La población colombiana está caracterizada por su pluralidad de pensamiento, pero por su singularidad en las reacciones.

Ese sector reaccionario al primer corrientazo, sin analizar el por qué se produjo, es el que nos lleva a aumentar más la tensión en la ya inevitable polarización que nos acompaña desde tiempos inmemoriales.

Muchos protestan sólo por seguir el ruido de la mayoría y otros opinan sólo por llevar la contraria, sin aportarle nada al debate general.

Eso le pasó al presidente Iván Duque Márquez al objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la reacción inmediata, sin sentido, sin análisis y sin cautela fue que el Presidente de Colombia iba a acabar con el proceso de paz.

La mesura se perdió por completo y hasta en muchos medios de comunicación, sobre todo hablados, empezaron a lanzar artillería pesada contra el Presidente porque, según el juicio a priori, atentaba contra el proceso firmado con las Farc y dejaba sin piso la posibilidad de lograr un acercamiento con los rebeldes que aún desafían al Estado colombiano.

Pero lo realizado por el presidente Duque Márquez no es otra cosa que el usar un derecho que le da la Constitución como parte vital de la democracia.

El Presidente no actuó por capricho ni por consejas de terceros. Esa facultad la tiene y ahora le pasó esa papa caliente al Congreso que deberá estudiar la objeciones desde la próxima semana.

Es aquí en donde estará en la palestra el enorme compromiso político que tiene el Congreso, porque de este establecimiento depende el que la paz salga fortalecida, que sea equitativa, justa, a la medida de una Colombia que necesita creer en un futuro y que las victimas sientan que son tenidas en cuenta y no sólo son una cifra en las escabrosas páginas de esta guerra fratricida.

En un año electoral, como el que vivimos, a los congresistas se les va a medir el aceite y su capacidad de enfrentarse al país del Siglo XXI y no a los pensamientos retrógrados y hasta anacrónicos que aún persisten en la inclinación de algunos que no se han dado cuenta que el mundo, el país y el momento histórico han cambiado.

El derecho del presidente es innegable y se aspira que esta Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), salga fortalecida y que Colombia y el proceso de paz tenga una carta de navegación sólida, que sea clara, equilibrada y ecuánime para lo que se busca en un proceso como este.

De sobra se sabía, desde el mismo momento en que empezó la plomacera en las montañas de Colombia que no habría vencedores ni vencidos y que ese derramamiento de sangre sólo nos conduciría al atraso regional, al encumbramiento de los odios, a la negación de la guerra, al conformismo indolente y a perder la sensibilidad.

Ahora tenemos al frente el poder enfrentarnos al mayor hecho histórico del presente nacional y no se puede defenestrar todo lo que se ha logrado con pretextos egoístas y hasta caprichosos de parte de quienes son enemigos de la paz y de la JEP.

El logro de la paz total en Colombia debe ser un propósito imperante, ineludible e irreversible. No podemos volver a sentarnos a contar los muertos, debemos sentarnos a festejar los beneficios.

Lo importante es que, como en esta guerra no hay vencedores y vencidos, no es el momento de atizarla, sino de buscar ese equilibrio que nos permita, a todos, tener una paz real, que sea justa, que los crímenes atroces tengan su castigo, que las víctimas sean reparadas y que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes.

Enrique Narváez Benítez.
Jefe de Redacción/EL FRENTE.



Publicacion: Martes 12 de Marzo de 2019 


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