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Opinión - Editorial


‘Eco Oro’ exige cuantiosa indemnización por despojo minero en Sarturbán



Empiezan a conocerse los resultados negativos de la minería en Santander como consecuencia de las protestas que se produjeron en esta zona del país, pero especialmente en Bucaramanga, para impedir a la empresa ‘Eco Oro Minerals’, de origen canadiense, sus actividades económicas en las minas de Angostura y La Bodega del municipio de California, que los extranjeros habían adquirido con recursos de capital traídos al país para fortalecer este sector de la economía.

Esta compañía, que inicialmente tomó el nombre de Greystar, llegó a territorio santandereano, invitada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la seguridad jurídica que establece el Tratado de libre Comercio con la República del Canadá.

Después de realizar durante catorce años una intensa actividad científica en los municipios de Vetas, California, Charta, Suratá, Matanza, Tona y en el páramo de Berlín, donde crearon viveros forestales con especies nativas como el roble y los frailejones, para la protección del páramo de Santurbán, con la aplicación de una sofisticada tecnología que elimina el uso de productos contaminantes como el mercurio, tuvieron que abandonar el país por las presiones de los grupos guerrilleros, aliados con sectores políticos de izquierda que se autoproclaman ‘ambientalistas’, para abortar una gigantesca inversión que se había realizado de manera científica, con la aplicación de tecnología y protección de las fuentes naturales de agua.

La compañía ‘Eco Oro Minerals’ considera que el estado colombiano les debe pagar la suma de 764 millones de dólares, algo así como dos billones ochocientos mil millones de pesos, por los daños causados a la compañía canadiense, que les entregó a los ministerios de minas y medio ambiente una completa cartografía sobre los yacimientos auríferos, descubiertos y cuantificados en la cordillera de Santurban.  Una inmensa fortuna que sigue apilada en el subsuelo santandereanos, bajo el pretexto de que su explotación legal perjudica las fuentes naturales de agua, cuando se trata de una bandera política que esgrimen perversamente los enemigos de las instituciones, muchos de ellos aliados de la antigua guerrilla del ELN que controlaba la cordillera de Santurban, donde hubo necesidad de establecer un batallón de alta montaña para realizar el desminado de su territorio.

El daño que le hicieron a la economía de Santander estas campañas criminales y que le siguen haciendo sus aventajados discípulos, tiene en la ruina a los pueblos mineros, que han sido tratados como invasores de su propio territorio, por una oligarquía terrorista y de escritorio, que combarte la minería legal, pero patrocina la ilegalidad en los socavones que han vuelto a recibir la presión y la presencia de grupos ilegales.

‘Eco Oro Minerals’ reclama una multimillonaria indemnización del estado colombiano que engañó a los inversionistas canadienses y que ahora pretende hacerles conejo a los inversionistas árabes, por la violación del Tratado de Libre Comercio y de las garantías que les ofreciera el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando invitó a los extranjeros a invertir en este país, para mejorar el ingreso de los colombianos y buscar la prosperidad de los municipios mineros. Todo se convirtió en un engaño, porque los canadienses hicieron su trabajo, levantaron una cartografía y unos estudios del subsuelo que tienen cuantificadas las reservas de oro y plata, suficientes para pagar gran parte de la deuda externa de nuestro país, detrás de las cuales van los actores ilegales, patrocinados por laextrema izquierda armada, que no respeta leyes ni protocolos internacionales.

Al gobierno nacional le tocará pagar una cuantiosa indemnización que saldrá del bolsillo de todos los buenos santandereanos y colombianos que pagamos impuestos a la nación. Para resolver este delicado asunto ha sido designado un tribunal internacional compuesto por la magistrada británica Juliet Blanch, por el inversionista argentino Horacio Grigera y por Phillips Sands, ciudadano francés nacionalizado en Colombia, que conforman el tribunal internacional creado para resolver este cuantioso pleito internacional, que compromete en grado sumo los intereses económicos de Colombia. En eso terminan las guachafitas  de los grupos ambientalistas de Bucaramanga, que le decretaron la guerra a los habitantes de la zona minera de Santurbán.    

  




Publicacion: Miercoles 10 de Abril de 2019 


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