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Familias del Magdalena Medio denuncian desalojo ilegal



Familias del Magdalena Medio denuncian desalojo ilegal | EL FRENTE Cerca de 150 familias campesinas viven en la comunidad del Guayabo. Desde el año 1986, 22 de estas familias ocupan los predios Altamira y San Felipe, de aproximadamente 400 hectáreas, para la producción de alimentos y medios de vida.

Sobre estos predios, las familias campesinas ejercen el derecho de posesión, por realizar una ocupación y uso de las tierras de forma pacífica por más de 20 años, aunque no cuentan aún con títulos de propiedad.

En este marco adelantan un proceso de defensa de derechos (derecho a la tierra, vivienda, trabajo, condiciones dignas de vida) que los expone a un riesgo inminente, al oponerse a los intereses de un terrateniente de la región y a los proyectos de desarrollo impulsados por la administración departamental y nacional, que continúa impulsando megaproyectos agroindustriales, minero energéticos y de infraestructura, a costa de la pequeña propiedad y la economía campesina.

En el año 2011, miembros de la comunidad del Guayabo adelantaron un proceso jurídico de prescripción adquisitiva del dominio para que les fuera reconocido su derecho de posesión y titulados los predios.

En primera instancia, les fue reconocido este derecho, sin embargo en el año 2012 se presenta un supuesto propietario de las tierras, quien ante el inminente hecho de la prescripción y la entrega a los poseedores, señaló a los miembros de la comunidad del Guayabo de haber sido los causantes del desplazamiento y posterior abandono de los predios por parte de su familia, al ser amenazados por grupos insurgentes, señalando “(…) que los actos ejercidos por los demandantes, están viciados con ilicitud del derecho adquirido por medio de grupos armados, no se puede hablar de posesión, sino actos de despojo (…)”

El supuesto propietario de los predios, Rodrigo López Henao, a quien la comunidad nunca ha visto viviendo por estas tierras, ha señalado a los miembros de la comunidad de ser miembros de la exguerrilla de las FARC y del ELN, a la vez que está adelantando todo tipo de acciones jurídicas para despojar a la comunidad de sus tierras.

Ya en el año 2002, el Sr. López había ingresado a la zona con un grupo paramilitar, quienes agredieron y amenazaron algunos miembros comunidad, instándolos a abandonar la zona.

Sin que a la fecha se conozca denuncia directa, apertura de investigación o sanción contra ninguno de los miembros de la comunidad, tampoco decisiones judiciales que reconozcan la propiedad del Sr. López, las autoridades locales, en una clara complicidad, han emprendido diferentes acciones ilegales de desalojo, que vulneran los derechos a la defensa, al debido proceso y al buen nombre de las familias campesinas que hoy reclaman su derecho sobre los predios que han ocupado y trabajado, a través de la producción de comida, por más de 20 años.



Publicacion: Viernes 5 de Enero de 2018 


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