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Andrés Felipe Arias podrá apelar su sentencia pero continuará cautivo



Andrés Felipe Arias podrá apelar su sentencia pero continuará cautivo | EL FRENTE
El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, podrá impugnar la condena de 17 años y cinco meses de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 por irregularidades en el trámite y suscripción de tres convenios para el programa Agro Ingreso Seguro.

Así lo decidió la Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 5-4, este jueves al estudiar una tutela que presentó el exfuncionario que seguirá detenido mientras ese nuevo trámite se da en la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas salvaron su voto.

En primer lugar, la Corte Constitucional dejó en claro que la sentencia impartida a Arias Leyva se dio bajo las reglas de juego vigentes en ese momento, las cuales no incluían la doble instancia para aforados (ministros, gobernadores, congresistas y generales), pues solo hasta 2018 el Congreso la creó.

Y aunque esa sentencia goza de plena legalidad, el alto tribunal dijo que Arias tiene derecho a la doble conformidad (que es diferente a la doble instancia) que consiste en que toda condena que se emite por primera vez a una persona debe ser examinada por otro juez para analizar si fue correctamente impuesta.

Tal y como anticipó este diario, la Corte Constitucional se ciñó a la jurisprudencia que viene desarrollando desde 2014 sobre la doble conformidad que es un derecho establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así el alto tribunal indicó que el derecho de Arias de impugnar su condena es una garantía procesal que todavía vale porque ese fallo sigue vigente.

No obstante, para la Corte es claro que la condena contra el exministro deberá seguir ejecutándose mientras se hace esa revisión en la Corte Suprema de Justicia.  Y, por esa razón, Arias Leyva seguirá detenido. La decisión del alto tribunal precisa que, en noviembre de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que el Estado colombiano vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no darle la garantía a Arias de revisar la condena y dio un plazo de 180 días para dar una respuesta.

La Corte Constitucional le dio un plazo de diez días a la Corte Suprema para iniciar el trámite para que Arias pueda impugnar su condena. Esa impugnación se hará bajo las mismas reglas que tiene actualmente la acción de revisión "por lo cual, específicamente, su concesión no altera el carácter de cosa juzgada que pesa sobre la sentencia condenatoria y, por lo tanto, no permite considerar la prescripción de la acción penal, ni ningún otro efecto derivado del transcurso del tiempo, y tampoco impacta la actual situación de privación de la libertad del tutelante, la cual se mantiene pues la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 se encuentra ejecutoriada".

Con esta decisión, Arias podrá impugnar su condena ante una sala integrada por tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema que no hayan participado en ninguna decisión sobre el caso Arias Leyva en el pasado. Esto es clave ya que ese alto tribunal le negó al exministro tres veces esa posibilidad y una vía tutela, argumentando que su sentencia fue dictada bajo las reglas vigentes y que no existe un mecanismo legal para levantar la cosa juzgada. En la Corte Suprema consideran que esta sola posibilidad es una decisión en contra de su legitimidad.

Tras conocerse la decisión, los abogados del exministro la celebraron. "Queremos agradecer a la Corte Constitucional por haber salvaguardado un derecho fundamental y por haber reconocido que, a Colombia, en virtud del bloque de constitucionalidad, la comprometen las normas internacionales de derechos humanos, a saber, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establecen esta garantía judicial. Esto es un primer paso para la lucha que se debe llevar a nivel interno, pero es un gran paso para la defensa de los derechos humanos", dijo Víctor Mosquera. / elespectador.com



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Publicacion: Jueves 21 de Mayo de 2020 


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