Desde Bucaramanga, Fiscal General critica severamente ley de humanización carcelaria

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10 días después de haberse radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley que busca la Modernización y la Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia, las críticas tanto en la forma como en el fondo crecen como bola de nieve incluso desde sectores adversos entre sí, y los cuales están conformando bloques políticos en el Congreso para frenar un articulado que, si bien tiene un fin loable, como la humanización de las penas, podría generar daños peores a la sociedad pues beneficiaría a sociópatas de alta peligrosidad.   

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE

De acuerdo con la propuesta del gobierno nacional, se espera que las personas privadas de la libertad hagan parte de un proceso resocializador que disminuya la reincidencia y evite que los centros penitenciarios y carcelarios sean universidades del delito, basados en la premisa de que hoy el sistema carcelario no resocializa, no ofrece seguridad a la ciudadanía ni ha disminuido significativamente los índices de criminalidad y, por el contrario, sí vulnera los derechos de las víctimas porque no las repara; de las personas privadas de la libertad, por el hacinamiento y la corrupción y por las muchas carencias que hay en el sistema penitenciario, que tampoco resocializa.

A cambio de prisión, por ejemplo, el gobierno Petro propone que se debe pensar en la justicia restaurativa y reparadora, “en la que lo importante no es humillar a una persona al someterla sino lograr su resocialización efectiva y la reparación de la víctima, que sufrió precisamente el atentado a su integridad de alguna manera por la comisión del delito", tal y como lo dijo en días pasados el ministro del Interior Alfonso Prada.

Sin embargo, los críticos del proyecto no solo se encuentran en las orillas políticas antagonistas a las bancadas oficialistas sino que también desde el ministerio público, y desde la Fiscalía General de la Nación se han efectuado reproches, el más reciente precisamente desde la capital santandereana, en el marco de un certamen académico de derecho constitucional organizado por la facultad de derecho de Uniciencia.

Por ejemplo, para el Fiscal Francisco Barbosa hay aspectos negativos no solo en el espíritu del proyecto sino también en la forma como pretende tramitarse en el Congreso, pues fue radicado con mensaje de urgencia, lo cual obliga a que su discusión no sea amplia, sino por el contrario, expedita, casi a la carrera.

“Le hemos insistido al presidente de manera respetuosa que se retiren los mensajes de urgencia de la discusión de este proyecto en el congreso, porque a mayor deliberación mayor legitimidad, lo que queremos es discutir y conversar ampliamente y que los colombianos no tengan que tragarse sapos frente a disposiciones muchas de ellas incomprensibles”, dijo a EL FRENTE el Fiscal General, quien lamentó que desde que el proyecto se encontraba en su fase de borrador ha realizado varias observaciones y solicitudes, las cuales no han sido tenidas en cuenta y lo peor es que muchas conductas punibles de alto impacto para la sociedad podrían beneficiarse con algunos artículos propuestos en el proyecto de ley.

“Muchas de las observaciones que hice hace unos días no fueron acogidas permitiendo que se abriera un boquete que me parece muy grave en algunos delitos, por ejemplo el concierto para delinquir, como quedaría permitiría que muchos delitos que se cometen en Colombia como la extorsión, el secuestro o el tráfico de menores, el tráfico de migrantes, terminarían siendo beneficiados por la puerta de atrás de este proyecto”, expresó el Fiscal General al término de su discurso en el evento inaugural del certamen académico, realizado en Neomundo.

En palabras del Fiscal General, “tomaron el modelo de la justicia transicional y lo mimetizaron en un proyecto de sometimiento de tal manera que no le ponen la palabra indulto como lo planteaba el proyecto de justicia y paz de la Habana, sino que le dan la responsabilidad del fiscal para que firme proyectos de principios de oportunidad”, detalló el jefe del organismo de investigación quien además exigió el ejecutivo para que no cruce la línea que separa los poderes públicos y que no comprometa al Fiscal General de la Nación en la firma de principios de oportunidad.

“En este caso le he dicho al gobierno que la fiscalía puede trabajar en el proceso de sometimiento pero teniendo en cuenta que forma parte de la Rama Judicial y que debe existir una clara independencia de los poderes y no ejercer desde el Ejecutivo una influencia negativa hacia la Fiscalía General de la Nación”, dijo el fiscal.

Igualmente, reclamó por un aspecto que no es claro en la propuesta de articulado inherente al tema de la dosificación de penas en determinadas conductas punibles.

“Se requiere establecer con claridad en cuáles son los delitos que se van a aplicar a esos principios de oportunidad. No podemos permitir que sean todos y que nos apliquen la tesis de que unos cabecillas van a cumplir entre 6 y 8 años y otros que son la gran mayoría terminen por vía de un indulto simulado con un principio de oportunidad resolviendo un problema carcelario y lavando hojas de vida de criminales”