Alcaldía de Bucaramanga tendrá que devolver archimillonaria suma de un tributo con valor ilegal

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Tras una exhaustiva revisión normativa, el Concejal Carlos Parra ha denunciado, a través de sus redes sociales, la presunta ilegalidad en el cobro del impuesto predial por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. Según la investigación, la Alcaldía ha cobrado de manera ilegal la sobretasa ambiental que se transfiere a la CDMB, lo cual representa un excedente de 0.5 puntos en el impuesto. Parra encontró una decisión del Consejo de Estado, publicada en diciembre del año pasado, que obligaba a la Alcaldía a cobrar únicamente 1.5 por mil como sobretasa ambiental, y no los 2.0 puntos que se han venido cobrando de manera indebida.



Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE

Nada defrauda más la confianza en una administración que públicamente diga una cosa y a las espaldas de la ciudadanía haga otra. Esa parece ser la realidad que resulta de la incomprensible actitud de la Alcaldía de Bucaramanga, cuyo mandatario local pronuncia públicamente y hasta el cansancio adjetivos como transparencia, legitimidad y legalidad para describir sus actuaciones, sobre todo con lo relacionado a los dineros públicos, mientras que a la siniestra permite, consciente o inconscientemente, que sus funcionarios obren lesionando el bolsillo de la ciudadanía. ¡Eso sí que duele!

Hablamos de un cobro que a todas luces resultó ilegal, según un pronunciamiento del Consejo de Estado, recaudación que puso en vigencia la Alcaldía de Bucaramanga para todos los contribuyentes, durante la vigencia 2023 y el cual se hace efectivo por medio del recibo del impuesto predial y el cual llegó con 0.5 de más para el rubro de sobretasa ambiental.

La destinación de este tributo está fijada por ley para un objeto específico y en este caso es denominado sobretasa ambiental, recursos cuya recaudación se dirige tras el pago ciudadano a las arcas de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad que está obligada a reinvertir estos dineros en
inversiones relacionadas con el cuidado y la protección de las áreas de reserva ambiental que están bajo su jurisdicción.

Es decir, la razón del cobro es justificable y en ello no radica la irregularidad. El daño del que hablamos está en el monto, pues según la norma se debió cobrar 1.5 por cada mil pesos del avalúo predial, y no 2.0 por cada mil, como fraudulentamente lo dispuso la Alcaldía de Bucaramanga, es decir, 0.5 más del valor precisado por la ley, como lo anotamos líneas arriba.

Cuentas más, cuentas menos, el 0.5 por cada mil pesos equivaldría a una suma cercana a los 10 mil millones de pesos, si se supone que los 200 mil contribuyentes existentes en el registro de la Secretaría de Hacienda efectúan el pago, una suma realmente exorbitante.

Lo peor de toda esta situación es que la Alcaldía de Bucaramanga no habría obrado inocentemente en la imposición de los 0.5 del excedente sino que, por el contrario, ya habían sido advertidos por los tribunales de que imponer el incremento iba en contra de la ley.

Quién puso al descubierto toda esta situación fue concejal del Partido Verde Carlos Parra, quien en conversación con EL FRENTE explicó que la ilegalidad se comenzó a constituir desde el 7 de diciembre del 2022 luego de que la Alcaldía de Bucaramanga prefiriera omitir una orden preferida por el Consejo de Estado y en la cual se le obligaba a no cobrar 2.0 puntos sino 1.5.

“Pero de manera arbitraria desconocieron la decisión y lo que hace más increíble esta situación es que en declaraciones a medios de comunicación recientes, de funcionarios de la administración, manifestaron que sí conocían el fallo del Consejo de Estado y que a pesar de ello efectuaron el cobro por encima del valor que ordena la ley. En otras palabras, actuaron de mala fe en contra de la ciudadanía porque reconocieron que no fue un error de cálculo o un error humano”, expresó el concejal bumangués.



Tribunales declararon la
ilegalidad del incremento

Según lo explicó, el corporado la historia de este cobro data de finales del año 2022 cuando el Concejo de Bucaramanga tramitó una reforma al Estatuto Tributario de la capital santandereana, en ese entonces la duma local, después de varias discusiones, aprobó el cobro para que se efectuara el 1.5. Sin embargo, al iniciar el 2023 el tributo se impuso con el sobrecosto.

Una vez toda esta situación se expuso ante el Tribunal Administrativo de Santander, y luego en segunda instancia ante el Consejo de Estado, se ordenó no solo no continuar cobrando con el exceso tarifario sino que los magistrados le impusieron también a la Alcaldía de Bucaramanga realizar los trámites tendientes para la devolución de los recursos a quienes ya efectuaron el respectivo pago con el incremento ilegal.

“En términos políticos esta circunstancia es muy grave porque lo que significa es que el alcalde Juan Carlos Cárdenas está obrando de espaldas de la ciudadanía, de los contribuyentes; cobra tarifas que no tiene por qué cobrar. Pero además tiene también consecuencias jurídicas porque le cobró cerca de $10,000 millones de pesos más a los bumangueses y ahora tal y como lo ordena el fallo le va a tener que devolver la plata a la ciudadanía”, expresó el miembro de la corporación municipal.

En este punto, la ciudadanía se preguntará: ¿Qué garantías tiene la comunidad bumanguesa y los contribuyentes de que se va a revertir el cobro injustificado?

Para garantizar que esto efectivamente sí suceda y que no sea solo de dientes para afuera, el representante a la cámara Cristian Avendaño interpuso un recurso ante la Procuraduría General de la Nación con la finalidad de que se establezca una veeduría desde el organismo de control disciplinario. veeduría en la cual se atestiguaría que efectivamente no se van a realizar más cobros y al mismo tiempo la devolución de los recursos.

"Empezaremos la campaña “#CárdenasDevuelvaLaPlata, con esta tendencia queremos crear conciencia a los Bumangueses, para que hagan valer sus derechos como ciudadanos y luchar contra la corrupción en las instituciones públicas”, concluyó el cabildante.


El concejal refutó lo que señaló el secretario y agregó que “usted cómo le va a pedir a la gente que pague el 2 si ya hay una sentencia que dice que se cobre el 1,5. Ahora parece que hay mala fe en la alcaldía para ocultar las decisiones”.

El secretario respondió diciendo que no entiende cuál es el recurso al que el concejal hace referencia y dice que le está mintiendo a la ciudadanía, “a hoy le podemos decir a los bumangueses y darle la cara diciendo que nosotros no estamos realizando ningún cobro indebido”.

El secretario de hacienda finalizó señalando que cuando se liquidó el recibo de impuesto predial en Bucaramanga seguía en firme la suspensión provisional de los artículos 52 y 54 y es hasta el 16 de enero quedó ejecutoridado el fallo del Consejo de Estado y dijo que “no podemos devolver porque eso es llenar de expectativas falsas a la gente”.
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