Política - Nacional
Marihuana recreativa galopa rampante en el Congreso
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El consumo de cannabis no
cobijará a los menores de edad y en cambio, tendrá restricciones en algunos entornos (como el
escolar) en los que la niñez colombiana pueda verse afectada. Un tema que deberá ser regulado
por el gobierno nacional por medio de una política pública de prevención y atención al consumo de
cannabis.
Con 26 votos a favor y 6 en
contra, la Comisión Primera de Cámara llevo a segunda vuelta el Proyecto de Acto Legislativo
“Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la constitución política de Colombia y se
regulariza el cannabis de uso adulto” al que le restan tres debates, el siguiente en la Plenaria de
la Cámara.
Para su autor, el Representante por el Partido Liberal Juan
Carlos Losada, la aprobación en quinto debate significa que a Colombia le llegó la hora de regular
el cannabis de uso adulto, como el primer paso para avanzar en una nueva política de drogas, que le
arrebate el mercado ilegal a los traficantes y garantice la libertad y los derechos fundamentales de
los ciudadanos.
El Acto Legislativo que
regula el Cannabis de uso adulto fue aprobado por mayorías en su primer debate de la segunda
vuelta. Un paso fundamental para avanzar contra la fallida guerra contra las drogas en
Colombia. Para su autor el Representante Juan Carlos Losada, significa un mensaje contundente que
hoy envía el Congreso frente a la necesidad de cambio de la política antidrogas. A su juicio, no
tiene ningún sentido que los colombianos tengan derecho al porte y consumo de cannabis de uso
adulto, pero no tengan derecho a adquirirlo de manera legal en un mercado regulado, sino que, por el
contrario, se vean obligados a comprarlo a redes de traficantes que son los que se han lucrado con
la política prohibicionista en nuestro país.
Por ello, la regulación, frente a la
salud pública, resulta más eficiente que el prohibicionismo. El mercado controlado permite
determinar cómo, quién, dónde y qué se consume, permitiendo alejar a los menores de edad y población
en riesgo de cualquier tipo de consumo y facilita la implementación de políticas de reducción de
riesgos y control de daños.
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