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Opinión - Editorial


ARMAS DE DEFENSA PERSONAL para enfrentar atracadores y ladrones



ARMAS DE DEFENSA PERSONAL para enfrentar atracadores y ladrones  | EL FRENTE En los acuerdos de paz suscritos por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, una de las condiciones que colocaron los representantes de las autodenominadas ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’-- FARC -- fue el desarme general de los ciudadanos de bien, como una contribución al desarme de los espíritus. Desde entonces, el porte legal de armas de defensa personal quedó prácticamente abolido y en casos excepcionales, sometido al estudio riguroso de las hojas de vida y del nivel de riesgo que pueden tener especialmente los ganaderos y hacendados, que prefieren contratar la seguridad privada, porque el estado no les brinda garantías para visitar sus estancias campesinas o para movilizarse en las ciudades.

Para garantizar la vida de los altos funcionarios del gobierno nacional y de los líderes políticos con asiento en el Congreso de la República, existe la Unidad Nacional de Protección (UNP), que tiene una poderosa nómina de doce mil (12.000) escoltas, la mayoría de ellos pensionados de las fuerzas militares y de policía que, por su condición, pueden aspirar a dos jubilaciones. Cualquiera se pregunta ¿por qué el estado colombiano, con más de trescientos mil (300.000) servidores públicos vinculados a las Fuerzas Militares y de Policía, muchos de ellos empleados de oficina, solamente pueden cumplir labores específicas de seguridad en ciertos ámbitos de la seguridad nacional, como si las universidades oficiales fueran zonas extraterritoriales, donde el ingreso de la fuerza pública les está prohibido?

El incremento del pie de fuerza ha sido impresionante en el gobierno del presidente Iván Duque, a raíz del oleaje de violencia que se ha presentado en las zonas cocaleras del Cauca, Nariño, El Catatumbo, El Urabá Antioqueño y en la extensa frontera con Venezuela, donde se refugian las disidencias de las FARC y las guerrillas del autodenominado ‘Ejército de Liberación Nacional’. Mientras la violencia toma fuerza en las zonas porosas de la frontera colombo-venezolana, en los altos niveles del gobierno y especialmente en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional, se sigue recomendando el desarme general, que ha sido el caldo de cultivo de la inseguridad que estamos padeciendo en campos y ciudades.

La cifra de dos mil atracos diarios en Colombia es la más dramática que hemos conocido en la historia de la seguridad nacional. Se ha puesto de moda el uso de motocicletas con sus respectivos parrilleros para el atraco a mano armada, mientras en el Congreso de la República algunos senadores y representantes que representan el brazo político de los grupos armados ilegales, se oponen a los proyectos de ley que restablecen el derecho al porte legal de armas de defensa personal. Hemos visto en los noticieros de televisión cómo en las calles de las zonas periféricas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y también en la zona metropolitana de Bucaramanga, se presentan asaltos a restaurantes y plataformas comerciales a plena luz del día, y aunque la capital de Santander está mejor atendida por la Policía Nacional, no sobra insistir en el derecho que tienen los particulares al porte legal de elementos de protección para sus vidas.



Publicacion: Miercoles 15 de Septiembre de 2021 


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