Opinión - Columnistas
Una Contraloría atenazada Por: Daniel Caicedo*
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Desde la pasada administración municipal de Rodolfo
Hernández no ha cesado la campaña de intimidación contra la Contraloría Municipal de Bucaramanga, la
cual ha sido retomada por la actual administración municipal en cabeza del Alcalde Juan Carlos
Cárdenas.
Parece que los hallazgos fiscales que generan procesos
de responsabilidad fiscal que encuentra la Contraloría Municipal en sus auditorías tienen molesto al
señor alcalde municipal, quien en acto de soberbia, en vez de buscar los correctivos administrativos
para que no se vuelvan a presentar los mismos hallazgos fiscales que pueden tener incidencia penal,
fiscal, disciplinaria y administrativa prefiere, en represalia, concentrar sus esfuerzos en
debilitar al organismo de control con una campaña fríamente diseñada y que está siendo ejecutada en
dos frentes.
El primer frente lo llevaba de manera soterrada y oculta a la
opinión pública. El alcalde municipal de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey, solicitó a la
Contraloría General de la República que ejerza la competencia prevalente frente a la vigilancia y
control fiscal que está adelantando la Contraloría Municipal de Bucaramanga a la contratación que
adelantó por la pandemia de Covid-19 y en la cual se han denunciado algunos casos de sobrecostos o
de contratación con aliados políticos como el caso de la Canasta. Esta solicitud la realizó
sustentada en el literal f) artículo 6 del Decreto 403 de 2020 que establece el mecanismo de
intervención funcional excepcional. Para que proceda esta solicitud, debe la administración
municipal de Bucaramanga demostrar y probar las razones o circunstancias objetivas por las cuales se
infiera duda de las actuaciones de la Contraloría municipal de Bucaramanga en sus funciones de
vigilancia y control fiscal. La Contraloría General al despachar negativamente la solicitud de
intervención funcional excepcional consideró que no era procedente acceder a la petición del alcalde
Juan Carlos Cárdenas por cuanto no fundamentó su petición con razones y circunstancias que pusieran
en duda la imparcialidad y objetividad del ente de control fiscal en sus
actuaciones.
El segundo frente es el de recortar el presupuesto anual de
funcionamiento que por ley debe el municipio de Bucaramanga transferir a la Contraloría Municipal.
Con estas acciones buscan que el ente de control no disponga de los recursos que requiere para
contratar el personal técnico indispensable para llevar a cabo el plan anual de auditorías y de esta
forma evitar que las mismas se hagan en la oportunidad y con la profundidad técnica con el fin de
eludir el hallazgo fiscal. El proyecto de presupuesto que la Contraloría Municipal presentó a la
administración central para que fuera incorporado al Proyecto de presupuesto General del municipio
de Bucaramanga se hizo de conformidad con la Ley 1416 de 2010 que determina que los gastos de las
contralorías municipales crecerán “porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la
inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente por el respectivo municipio”.
Para la vigencia de 2021 el alcalde Cárdenas incluyó en el proyecto de
acuerdo de presupuesto para estudio del Concejo Municipal un recorte en las transferencias a la
Contraloría Municipal superior a los dos mil trescientos millones, soportado en el informe de
viabilidad financiera de la Oficina de Planeación Departamental de la Gobernación de Santander. Lo
extraño del asunto es que al aplicar las tablas de la Secretaría de Planeación Departamental dan
como resultado un exceso en la contraloría de Bucaramanga equivalente a $89 millones, pero de ahí a
saltar a más de dos mil trescientos millones de recorte presupuestal deja en duda las verdaderas
razones de tal desatino.
El alcalde Juan Carlos Cárdenas no le debe temer
al trabajo serio y calificado que viene haciendo la Contraloría Municipal de Bucaramanga en
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Ellas son prenda de garantía que
efectivamente su administración se desarrolla dentro de los principios de probidad y anticorrupción
que pregona por todos los medios.
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