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Adefesio jurídico Por: Daniel Caicedo*



Adefesio jurídico Por: Daniel Caicedo* | EL FRENTE En un adefesio jurídico se está convirtiendo la reforma al Régimen Disciplinario Colombiano. El trámite e implementación del nuevo Código General Disciplinario, refleja la improvisación y falta de preparación de nuestros congresistas en su misión legislativa. La Ley 1952 fue expedida el 28 de enero de 2019 y debía entrar en vigencia el 28 de mayo de ese mismo año. La Ley del Plan de Desarrollo expedida el 25 de mayo de 2019, tres días antes de entrada en vigencia del Código General Disciplinario, aplazó la entrada de su vigencia para julio 1 de 2021.

Faltando apenas veinte días para que se cumpla este último plazo, se propone en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República, aprobado en sesiones conjuntas de las Comisiones Primera del Senado y Cámara de Representantes, que nuevamente se aplace esa fecha de entrada en vigencia por un término de nueve meses.

La reforma al Código General Disciplinario que se tramita en el Congreso de la República, desconoce lo ordenado por la Corte IDH en el caso Petro, fallado en julio de 2020 y que es el fin de esta reforma. Manifiesta el fallo  “La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal.”.

El Proyecto de Reforma le atribuye facultades jurisdiccionales a la Procuraduría. En la Constitución Política, la Procuraduría General de la Nación es un organismo de control que no hace parte de la Rama Judicial. Así le otorguen facultades jurisdiccionales, seguiría siendo un organismo administrativo ajeno a la Rama Judicial. La Corte IDH exige que la destitución de funcionarios de elección popular sea una sanción penal dictada dentro de un proceso penal y por un juez penal. La Ley podrá ser aprobada así, pero en el control de convencionalidad a que están obligados los operadores judiciales en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa deberán tener en cuenta para fallar al Bloque de Convencionalidad del cual hace parte la Convención americana sobre Derechos Humanos y el Fallo Petro, que es vinculante para Colombia.

Este Proyecto de Reforma es una contra reforma. Revive la caducidad de la Acción Disciplinaria que había sido eliminada en el Código General Disciplinario so pretexto que prescribirían miles de procesos con su eliminación. Esa figura lo único que ha hecho es ampliar por cinco años más los procesos disciplinarios e incentivar la lentitud y morosidad de los operadores disciplinarios, especialmente de la Procuraduría General de la Nación. Revive el proceso ordinario en la etapa de juzgamiento, de carácter escritural, que había sido eliminado en el nuevo Código General del Proceso y el cual se consideraba un gran avance por cuanto la etapa de juzgamiento, de naturaleza verbal, se surtía en audiencia pública.

El Código General Disciplinario y su reforma son el ejemplo de la improvisación e incoherencia que en materia legislativa sufre el país.

*Abogado Penalista. Miembro Fundador Colegio de abogados Penalistas de Colombia- Fundación Defensa de Inocentes.



Publicacion: Viernes 11 de Junio de 2021 


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