Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, retomó su curso este lunes 9 de diciembre en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, luego de meses de retrasos y cambios en su defensa legal. Durante la audiencia preparatoria, el juez Hugo Carbonó fue tajante al afirmar que no se permitirán más aplazamientos y advirtió que, de ser necesario, se asignará un defensor de oficio para evitar nuevas dilaciones.
La fase preparatoria del caso inició el pasado 5 de agosto, pero su desarrollo ha sido irregular. Esto, en parte, debido a la renuncia de Diego Henao Vargas, abogado inicial de Petro Burgos, ocurrida el 10 de octubre. En su reemplazo, asumió Alejandro Carranza, penalista con experiencia en casos complejos y derechos humanos, quien busca consolidar una estrategia que permita enfrentar las graves acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Acusaciones y avances en el caso
Según las investigaciones de la Fiscalía, Nicolás Petro habría recibido más de 1.000 millones de pesos provenientes de Samuel Santander Lopesierra, conocido como "El Hombre Marlboro", y Alfonso “El Turco” Hilsaca. Estos recursos, destinados presuntamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, no habrían sido utilizados para tal propósito, sino que fueron apropiados por Petro y su entonces pareja, Day Vásquez, también implicada en el proceso.
Inicialmente, el caso fue liderado por el fiscal Mario Burgos, quien imputó los cargos en julio de 2023. Sin embargo, tras una recusación presentada por la defensa, el fiscal fue retirado del caso en septiembre, y desde entonces, Lucy Laborde ha encabezado la investigación, explorando la posibilidad de un preacuerdo judicial con el nuevo equipo legal del acusado.
El caso se desarrolla en un entorno de alta tensión, con denuncias de amenazas de muerte contra Nicolás Petro y su familia. Estas situaciones, según el acusado, han puesto en peligro incluso a su hijo recién nacido. La defensa ha solicitado garantías de seguridad para proteger a su núcleo familiar, mientras que el juez Carbonó insiste en la necesidad de respetar los plazos legales para avanzar con el proceso.
Por otro lado, la defensa ha argumentado que no ha tenido acceso completo al material probatorio presentado por la Fiscalía, lo que ha generado controversia y retrasos adicionales en la preparación del caso.
El papel del nuevo abogado
Alejandro Carranza, reconocido por su participación en casos de alto perfil como el escándalo de Odebrecht y procesos relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llega a este caso en un momento clave. Su objetivo principal será estabilizar la defensa de Petro Burgos, quien mantiene su inocencia y asegura que detrás de las acusaciones existen intereses políticos para desestabilizar el gobierno de su padre.
La audiencia preparatoria de este lunes será decisiva para determinar si se concreta un preacuerdo con la Fiscalía, lo que podría implicar una reducción de la pena a cambio de la aceptación de los cargos.
