Resumen
El artículo aborda la revocación de un decreto que afecta la agricultura y la minería tradicional en zonas de reserva hídrica en Colombia, destacando el derecho de pueblos ancestrales a subsistir. Las restricciones impuestas por el gobierno impactan su medio de vida, llevándolos a protestar.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La revocatoria de un decreto presidencial, que arrasa con la agricultura en las denominadas ‘zonas de reserva hídrica y forestal’ es cuando menos, un derecho de los pueblos ancestrales dedicados a la minería y a la agricultura, para obtener la congrua subsistencia. Fueron las comunidades milenarias que practicaban de manera artesanal el barequeo para la extracción de metales preciosos en las areniscas del Río de Oro, en Girón.
Hace doscientos años exterminaron a los pueblos indígenas de los guanes, los chitareros, los carares, opones y Yariguies, para complacer a los invasores españoles y alemanes, que desarraigaron de su territorio a los grupos étnicos. Documentos que reposan en los anaqueles del diario ‘El Frente’ informan que el trotamundos alemán Geo Von Henrich Lengerke tuvo que solicitar autorización del presidente del Estado Soberano de Santander, el General Solón Wilches, para perseguirlos y exterminarlos.
En las cuevas de la Mesa de Jéridas están las huellas rupestres de los pueblos indígenas que al mando del Cacique Guanentá enfrentaron a las tropas del General Martín Galeano, hasta conducirlos al suicidio colectivo en las estribaciones del Cañón del Río Chicamocha, donde murieron al lanzarse desde lo alto de los despeñaderos, donde se sacrificaron vidas inocentes, al ruido de los arcabuces y de las espadas de macana, con las que enfrentaron a los españoles.
Es cierto que las reservas de oro y plata subyacentes en el páramo de Santurbán habría que dejarlas enterradas en el territorio del municipio de California (Santander) donde la Expedición Botánica, presidida por el sabio español, don José Celestino Mutis y el sacerdote Miguel de Trujillo, investigaron el origen de los frailejones que aumentan la reserva hídrica, para que la disfruten los habitantes de Bucaramanga, Matanza, Suratá, California y Vetas.
Prohibirles a los pueblos mineros que renuncien a la extracción de areniscas impregnadas de oro y plata, enterradas en el corazón de la cordillera de Santurbán, donde están las reservas del material aurífero para pagarle al estado colombiano gran parte de la deuda externa, es una utopía, hábilmente manejada por los falsos apóstoles políticos del ‘Partido Verde’ y sus adláteres, que se empeñan en condenarlos al ostracismo y la pobreza. El saqueo de la riqueza ancestral lleva más de cuatrocientos años y ahora, cuatro siglos después, los organismos encargados de la protección del medio ambiente, se rasgan las vestiduras, insistiendo en que la reserva aurífera debe dejarse enterrada en el subsuelo.
Los Emiratos Árabes compraron algunas concesiones mineras, pero les prohibieron su explotación, luego que el ex alcalde Rodolfo Hernández (q.e.p.d.) pidiera la reglamentación de las zonas de páramo, en la provincia de Soto Norte. Ahora, el gobierno nacional no solamente les prohíbe la minería extractiva sino que los condena a sufrir de hambre y miseria, porque tampoco podrán sembrar papa, arracacha, yuca, maíz, frijoles, arvejas, lentejas, pepinos y mantener una vaquita lechera, que ha sido fuente de manutención entre las familias paramunas. Por eso salieron al bloqueo de las carreteras, porque merecen ser escuchados por quienes ejercen el poder político en Colombia.
