Resumen
El artículo critica la ineficacia de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, mostrando preocupaciones por la corrupción en el sistema judicial y la falta de eficacia en las investigaciones criminales, ejemplificado en el caso de alias 'El Pichi'.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El cotejo probatorio contra alias ‘El Pichi’, autor de numerosos crímenes en las zonas metropolitanas de Bucaramanga y Medellín, está demostrando que la Fiscalía General de la Nación mantiene muy poca eficiencia y eficacia en sus investigaciones criminales y que, en muchos casos, se compran y se venden las órdenes de libertad bajo la figura del ‘Indubio Pro Reo’, que consagra el beneficio de la duda y la consabida orden de libertad para los peores bandidos que siguen creando el caos y la inseguridad en el país.
Que una juez de la república tenga que decir que no encontró la prueba reina en el voluminoso expediente de alias ‘El Pichi’ debe convocar a las altas cortes y a la Procuraduría General de la Nación, para contener la orgía de corrupción que está tocando la administración de justicia en Colombia. Que la fiscalía general de la Nación haya recomendado a los peores criminales de Colombia para que se conviertan en ‘Gestores de Paz’ es una demostración del bajo rendimiento que están dando los encargados de recolectar y presentar las pruebas que comprometen a miles de bandidos que se burlan del aparato judicial.
La fiscalía General de la Nación fue creada en la Constitución Política de 1991, con la misión específica de allegar las pruebas para que los jueces de la república califiquen el comportamiento de los procesados. Antiguamente existían los juzgados promiscuos, los juzgados penales municipales y del circuito, y los jueces superiores con sus inmediatos colaboradores, para recaudar las pruebas y elaborar los respectivos expedientes, con la ayuda de los organismos de inteligencia, como el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y el F-2 de la Policía Nacional.
La burocracia judicial, creada en la Constitución Política de 1991, multiplicó los cargos en los tribunales superiores de distrito, para cumplir con la segunda instancia en todos los procesos penales, civiles y administrativos. Para reducir la congestión en los despachos judiciales, se creó la fiscalía general, que triplicó la nómina de colaboradores de la justicia, donde muchos de sus funcionarios tienen los sueldos mas altos de la nómina oficial.
La administración de justicia tiene instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Crearon también la denominada ‘Justicia Especial para la paz’ que tiene medio centenar de magistrados, la mitad de los cuales recomendados de las guerrillas desmovilizadas, todos ellos con elevados sueldos que encarecen la administración de justicia. Hace medio siglo, los magistrados de las altas cortes fueron personas impecables, hasta que apareció el denominado ‘Cartel de la Toga’ con todas sus debilidades humanas, que provocaron la vergüenza de Colombia ante el mundo.
Que estará pasando ahora, cuando mas de cuatro mil quinientos funcionarios de la rama judicial, que tienen sueldos iguales a las asignaciones de los parlamentarios, sin haber tenido que invertir en las campañas electorales para ser elevado a esas dignidades. El concurso de méritos debería ser el único camino para designar a los funcionarios de la rama judicial y exigir pronta y cumplida justicia.
