Resumen
La propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar hoja de coca enfrenta serios desafíos legales y prácticos en Colombia, donde la venta de coca es ilegal. Además, podrían surgir efectos contraproducentes como el aumento en la producción, complicando aún más la lucha contra la cocaína.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar la hoja de coca a los cultivadores del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, ha generado un debate profundo en el país.
Sin embargo, este ambicioso plan enfrenta serios obstáculos legales y prácticos que ponen en duda su viabilidad y generan todo tipo de suspicacias, debido a que raya entre lo utópico y el generar cortinas de humo para desviar la atención sobre otros temas trascendentales.
En primer lugar, el marco legal colombiano prohíbe la compra y venta de hoja de coca, porque se remarcan estas actividades como ilícitas. Según el Código Penal, cualquier intento de compra estatal requeriría cambios significativos en la legislación actual.
Esto implica un arduo proceso que podría llevar tiempo y que, en el contexto de un país donde la producción de cocaína sigue en aumento, puede resultar complicado de implementar.
En 2023, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló un incremento del 10% en los cultivos de coca en Colombia, alcanzan 253.000 hectáreas, lo que representa un desafío considerable para el gobierno.
Expertos en cultivos ilícitos advierten que la propuesta podría tener efectos contraproducentes, como alentar un aumento en la producción de coca y crear expectativas en otras regiones del país, como Nariño, Putumayo y Norte de Santander.
En este sentido, el temor es que, al establecer un comprador garantizado, se incentive a más agricultores a involucrarse en la siembra de coca, perpetuando así el ciclo de la ilegalidad.
Además de los obstáculos legales, la propuesta de Gustavo Petro plantea numerosas interrogantes logísticas y financieras. La implementación de un programa de compra de hoja de coca requiere definir claramente quiénes serían los beneficiarios, cómo se llevaría a cabo la compra y cuál sería el costo, todo esto en un contexto de restricciones presupuestarias del gobierno.
Mientras que en países como Bolivia y Perú la hoja de coca tiene un reconocimiento cultural que facilita su comercialización, en Colombia la mayoría de los cultivos son controlados por organizaciones criminales y eso complica aún más la situación.
La región de El Plateado, dependiente en un 90% del cultivo de coca, se encuentra en un estado de incertidumbre tras la Operación Perseo. El Cañón de Micay alberga aproximadamente el 75% de las 25.000 hectáreas de matas de coca del Cauca, lo que plantea un grave riesgo para la economía local si no se establece un plan claro y sostenible.
El Gobierno debe considerar todas las alternativas y presentar un plan integral para abordar las complejas dinámicas de la región. La operación "Trueno", un esfuerzo de intervención anterior, no logró mitigar los problemas y exacerbó la situación de la población.
La propuesta del Presidente Gustavo Petro, aunque ambiciosa, necesita un respaldo legal sólido y una estrategia clara para transformar efectivamente la realidad de los cultivadores de coca en el Cauca.
